El Gobierno acaba de aprobar su segunda reforma de las pensiones en lo que llevamos de legislatura. Si recuerdan, allá por diciembre de 2021, el primer bloque de la reforma se centró en la supresión del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25%. En su lugar, se recuperó la actualización en función del Índice de Precios de Consumo (IPC). El documento contenía, además, varios acuerdos en relación a las jubilaciones anticipadas, la prohibición del retiro forzoso para menores de 68 años y se añadían incentivos para retrasarlas.

Quedaban pendientes de negociación varios escollos, entre ellos, sustituir el Factor de Sostenibilidad (FS) –que adecuaba la pensión a la esperanza de vida– por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), de cuyas características apenas conocíamos nada.

Tras algo más de un año de tiras y aflojas con los distintos agentes sociales, el reciente real decreto ley de medidas urgentes salió adelante con el objetivo, apuntó el ministro Escrivá, de reforzar los principios de “suficiencia, equidad y sostenibilidad”.

Entre las novedades, está el nuevo sistema para calcular las pensiones, un régimen dual para elegir el periodo de cómputo a tener en cuenta: bien los 29 últimos años de carrera (descartando los dos peores años), bien los 25 últimos años, como venía sucediendo hasta ahora. Así, durante las próximas dos décadas –a partir de ahí solo quedará la primera opción–, la Seguridad Social aplicará automáticamente la opción más ventajosa para el trabajador.

En relación a esa equidad que apuntaba el ministro, la reforma también intenta paliar la brecha de género. Por ejemplo, los tres primeros años de excedencia por el cuidado de familiares se consideran cotizados, así como los tres primeros años de reducción de jornada por el mismo motivo, que se cotizan ahora al 100%. Además, se aumentará este complemento de la brecha de género un 10% adicional al IPC en los dos próximos años.

Otro concepto novedoso es la cuota de solidaridad para los salarios más altos. Se trata de una cotización adicional para aumentar los ingresos de la Seguridad Social que se aplicará entre 2025 y 2045, de forma progresiva, a los salarios que se excedan de la base máxima. Se desplegará partiendo de cuotas de alrededor del 1% en 2025, hasta alcanzar valores del 6% en 2045.

Con el mismo objetivo de aumentar los fondos, se produce un incremento gradual de las bases y pensiones máximas. 

Por otro lado, las pensiones mínimas contributivas aumentarán por encima de la inflación en los próximos cuatro años; y las no contributivas se incrementarán hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza.

Finalmente, y en cuanto al mencionado MEI –cuyo propósito es buscar la sostenibilidad del sistema–, se instaura una cotización adicional del 0,6% que, a partir de 2024, crecerá una décima anual hasta el 1,2% en 2029. El 1% de este concepto lo abonará el empresario y el restante 0,2% irá a cargo del trabajador.

Con todas las cartas en la mesa, el motivo de fricción sigue siendo la sostenibilidad. A la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) no le salen las cuentas. Su presidenta, Cristina Herrero, estimó que, tras vincular las pensiones al IPC, su sostenibilidad solo se podría alcanzar retrasando la edad de la jubilación o aumentando los años de cotización necesarios para cobrar el 100%.

El Banco de España argulló críticas similares y su gobernador, Pablo Hernández de Cos, incluso defendió la reforma de 2013 –polémica por casi congelar las pensiones–, la cual “garantizaba el sistema”, lamentando que “no fuese viable” desde una perspectiva política.

No obstante, pese a la eterna controversia en torno a las predicciones, los resultados de este nuevo sistema no se empezarán a conocer hasta 2025, coincidiendo con uno de los primeros informes de la Airef, precisamente el organismo encargado de evaluar cada tres años la situación. 

En este eterno contexto polarizado –Gobierno, sus socios y los sindicatos frente a la oposición y las patronales–, nos satisfacen algunas certezas: la clara intención de reducir la brecha de las trabajadoras, de beneficiar a aquellos con un expediente laboral discontinuo o precario, de aumentar las pensiones más bajas y de reforzar la aportación solidaria de quienes perciben salarios más altos. 

En cuanto a las incertezas, que se resumen sobre todo en las consabidas amenazas de inviabilidad, haríamos bien igualmente en mantenernos alerta, realizando los controles que sean necesarios y escuchando a todas las partes, porque garantizar las pensiones es un objetivo común y nos atañe a todos sin excepción.